Será objeto principal de la política de Defensa del Consumidor el resguardo explícito de sus derechos y de todos aquellos derechos vinculados, entendidos como derechos ciudadanos de tercera generación, referidos a la defensa de su condición individual y soberana como consumidor frente a eventuales asimetrías en los mercados. A tal efecto, se elaborará un Plan de Gestión que definirá instrumentos institucionales acordes, y generará e integrará una acción política desde el Estado y con participación ciudadana en la prosecución del interés público y general a favor de los consumidores, en observancia, contralor y corrección de prácticas distorsivas, injustas o abusivas que pudieran existir en la relación comercial que los vincula a la producción y a los mercados.

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