Por Juan S. Pegoraro

En el Bicentenario la existencia de una fortísima desigualdad social contamina y define gran parte de la vida de la sociedad argentina. En particular desde mediados de la década de los ’70 el neoliberalismo económico fue transformando la realidad sociopolítica, debilitando las acciones gubernamentales asistenciales y mercantilizando gran parte de las relaciones sociales y con ella a las mismas instituciones estatales, el sistema penal entre ellas.

Ante esto, ¿qué significa ser políticamente progresista en el marco del actual orden social en la Argentina? Una respuesta que no se satisface con una consigna sin caer en la retórica de la libertad política, de la independencia nacional, de la democracia participativa, del respeto por los derechos humanos, de la seguridad personal, en fin, del “deber ser”.

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Por Enrique Pochat

Sería presuntuoso pretender el tratamiento exhaustivo del tema consignado en el título, pero se puede intentar –y es útil– abordar la cuestión del desarrollo de los derechos humanos en el período que transcurrió desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el orden mundial, y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el ámbito continental. Resulta necesario valorar el punto de partida, ubicado en 1948, porque es también punto de llegada de un esfuerzo por alcanzar acuerdos –concernientes a todo el mundo o al conjunto de los países americanos– sobre una concepción común de los derechos humanos y un catálogo de derechos que deben ser reconocidos a todas las personas, trascendiendo la diversidad de sistemas jurídicos o culturales, así como de regímenes sociales. Este esfuerzo es sobre todo remarcable en el caso de la Declaración Universal, ya que en el caso regional americano la heterogeneidad no era tanta al tiempo de la emisión de la Declaración ni aún hoy lo es, pese a la inclusión de los países anglófonos –antiguas colonias de Gran Bretaña– y de Surinam en el sistema interamericano.

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El presente trabajo fue encargado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el marco del Proyecto de Protección de los Programas Sociales Federales, iniciado en diciembre del 2005 con el fin de desalentar e inhibir la utilización político-clientelar de los recursos destinados a programas de desarrollo social en México.

El trabajo forma parte de una serie preparada para la conferencia internacional sobre Candados y Derechos: Protección de Programas Sociales y Construcción de Ciudadanía, llevada a cabo en la Ciudad de México entre el 25 y el 27 de abril 2007 a partir de una convocatoria conjunta de la Oficina del PNUD en México con la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de la Función Pública , la Secretaría de Salud, el Honorable Congreso de la Unión, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social A.C. (INCIDE Social).

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