El mayor dilema de la política argentina es la cuestión social y ni el oficialismo ni parte de la oposición asumen las incomodidades que resultan. No difieren mucho en su comprensión de la sociedad, lo que se evidencia en el momento de proponer reformas. Todos coinciden en el objetivo de erradicar la pobreza y atemperar la desigualdad (esto último con énfasis sospechosamente distintos). Pero los remedios sugeridos no difieren tanto. Y aunque se escucha que somos una sociedad dividida en dos, una próspera y otra marginada, lo que se escucha menos son sus consecuencias políticas.

Se cree que el crecimiento económico generará blanqueo de la informalidad laboral, expansión de la seguridad social tradicional y buenos salarios, y que, sumándole mucha educación, es la fórmula de la felicidad. Pero la fórmula que sirvió antes no alcanza ahora.

Y esto porque la tecnología transformó los mercados de trabajo y acentuó las diferencias entre trabajadores en el poder de captación de los beneficios de la mayor productividad de la economía; porque los sectores medios, con mayor poder político, se alejaron mucho en ingreso, consumo y culturalmente de la base social; porque no se trata de una evaluación moral del antagonismo de intereses, sino de un reconocimiento del que existe; porque el discurso tranquilizador de la solución a través de la educación es una falacia, como tantas verdades parciales; porque la educación, y sólo si es de calidad equivalente, iguala las oportunidades de los que están parejos en condiciones básicas de vida; porque el crecimiento de la desigualdad expandió el resentimiento, que lleva al mayor delito y al piquete violento y porque se ha institucionalizado un sistema político que se beneficia de que el paternalismo de Estado sea la cara reconocible de la justicia social.

El dilema para una sana política es cómo lograr apoyo a medidas que inevitablemente afectan intereses de muchos votantes, y conspicuamente, de aquellos organizados, con mayor conciencia de sus intereses, y más influyentes.

El discurso populista demonizando el poder imperial de USA, las transnacionales –o las oligarquías locales– como origen de todos los males, ya no sirve, no porque esos poderes no existan, sino porque son otros más entre los que una democracia debe aprender a administrar en pos del bien común. Pero otra cosa que ella no puede ignorar son las contradicciones de intereses que tiene en sí misma.

Y para ello, hay que entender que a la justicia distributiva hoy no le bastan el empleo, el salario y la seguridad social tradicional. Que el Estado, por ejemplo, debe separar y universalizar la protección social básica del modelo contributivo, que pasa a constituir su complemento; que necesita transformar la actualización de tarifas de los servicios públicos y energía en otro canal redistributivo, estableciendo diferenciales según sector social; que debe privilegiar la escuela y el colegio de que son tributarios los sectores sociales más castigados (entre otros criterios de prioridad, cancelando la creación de universidades injustificables); que tiene que actualizar la carga impositiva al patrimonio, a la ganancia y a lo suntuario con justa progresividad, y aliviar los consumos populares y debe adecuar su legislación laboral a la realidad económica de las pymes y la informalidad, si no quiere que este grupo sea la variable de ajuste de privilegios de los formalizados. Y que necesita una política económica que mida sus éxitos en calidad de vida popular, y no en meros indicadores macroeconómicos.

Lo que más teme un político es la impopularidad. Pero, asimismo, uno de los atributos del liderazgo es enseñar al pueblo a respetar los costos de una mayor armonía social. En años favorables para la economía, los dolores de los cambios se pueden minimizar. Pero la mediadora es la buena política, con su capacidad de generar confianza.

*Ex ministro de Salud de la Nación.

Entre los años 2003 y 2008 la economía argentina creció muy aceleradamente. Tan fuerte y sostenido fue el crecimiento en esos años que es necesario remontarse hasta principios del siglo XX para encontrar otro período de expansión económica similar. A diferencia de lo ocurrido durante la etapa en que estuvo vigente el régimen de convertibilidad (1991-2001), el crecimiento económico estuvo acompañado por un aumento muy significativo en el nivel de empleo.

En este período se crearon casi cuatro millones de nuevos puestos de trabajo, tres millones de los cuales fueron puestos asalariados registrados. Esta fuerte creación de empleo implicó una disminución en la tasa de desocupación, que pasó de 20,4% en el primer trimestre de 2003 a 9,8% en el mismo trimestre de 2007, ubicándose por primera vez en tres lustros por debajo de los dos dígitos. También disminuyó fuertemente la tasa de subocupación y, en cierta medida, se redujo el peso del empleo no registrado. Por ello puede decirse que el aumento de la ocupación fue acompañado por algunas mejoras –aunque limitadas– en la calidad del empleo.

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En el Bicentenario la existencia de una fortísima desigualdad social contamina y define gran parte de la vida de la sociedad argentina. En particular desde mediados de la década de los ’70 el neoliberalismo económico fue transformando la realidad sociopolítica, debilitando las acciones gubernamentales asistenciales y mercantilizando gran parte de las relaciones sociales y con ella a las mismas instituciones estatales, el sistema penal entre ellas.

Ante esto, ¿qué significa ser políticamente progresista en el marco del actual orden social en la Argentina? Una respuesta que no se satisface con una consigna sin caer en la retórica de la libertad política, de la independencia nacional, de la democracia participativa, del respeto por los derechos humanos, de la seguridad personal, en fin, del “deber ser”.

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Sería presuntuoso pretender el tratamiento exhaustivo del tema consignado en el título, pero se puede intentar –y es útil– abordar la cuestión del desarrollo de los derechos humanos en el período que transcurrió desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el orden mundial, y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el ámbito continental. Resulta necesario valorar el punto de partida, ubicado en 1948, porque es también punto de llegada de un esfuerzo por alcanzar acuerdos –concernientes a todo el mundo o al conjunto de los países americanos– sobre una concepción común de los derechos humanos y un catálogo de derechos que deben ser reconocidos a todas las personas, trascendiendo la diversidad de sistemas jurídicos o culturales, así como de regímenes sociales. Este esfuerzo es sobre todo remarcable en el caso de la Declaración Universal, ya que en el caso regional americano la heterogeneidad no era tanta al tiempo de la emisión de la Declaración ni aún hoy lo es, pese a la inclusión de los países anglófonos –antiguas colonias de Gran Bretaña– y de Surinam en el sistema interamericano.

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El trabajo forma parte de una serie preparada para la conferencia internacional sobre Candados y Derechos: Protección de Programas Sociales y Construcción de Ciudadanía, llevada a cabo en la Ciudad de México entre el 25 y el 27 de abril 2007 a partir de una convocatoria conjunta de la Oficina del PNUD en México con la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de la Función Pública , la Secretaría de Salud, el Honorable Congreso de la Unión, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social A.C. (INCIDE Social).

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