El sistema nacional de relaciones laborales se caracteriza por la posición omnipresente del Estado. En materia de relaciones individuales de trabajo, la ley ocupa un rol fundamental garantizando un espacio tutelar que, aún fluctuante en cuanto a su intensidad, nunca ha estado ausente. En materia de relaciones colectivas de trabajo también se constata una cultura institucionalizada de intervención estatal cuyas notas fundamentales se centran en un activo rol del Ministerio de Trabajo como órgano no independiente que actúa con gran intensidad en el desarrollo del fenómeno sindical (inscripción, otorgamiento único y  excluyente de la personería gremial, control de los estatutos sindicales, intervención en los procesos electorales y facultad para disponer la supresión de la personería gremial), durante el proceso de negociación colectiva (reconocimiento de la representatividad empresaria, conformación de las unidades de negociación con capacidad para resolver las disputas que en función de ella se desaten, controlar la legalidad de las propuestas de convenios colectivos y dispensar o denegar su homologación) y en las situaciones de conflictividad (atribuciones para administrar la conciliación obligatoria, fijación de servicios mínimos, calificación de la huelga).

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